El ministro de Justicia, César Siles, confirmó este sábado que se han presentado denuncias por prevaricato y desobediencia a resoluciones judiciales contra la magistrada. La querella penal fue radicada en La Paz, mientras que la acción disciplinaria fue remitida al Tribunal de Justicia en Sucre, en lo que constituye una señal inequívoca del enfrentamiento entre el Gobierno y sectores del aparato judicial vinculados al exmandatario. El foco del conflicto es la decisión tomada el pasado miércoles por la jueza Moreno, quien determinó dejar sin efecto la imputación y la orden de aprehensión dictada contra Morales en un caso relacionado con presuntos delitos de trata de personas. La medida judicial generó una rápida reacción institucional. Apenas un día después, el juez Franz Zabaleta, también de La Paz, anuló la resolución de Moreno, restaurando la vigencia de la orden de detención contra el expresidente. El Ejecutivo considera que Moreno incurrió en desacato al no acatar el fallo previo de Zabaleta, que le prohibía emitir nuevas resoluciones sobre el caso mientras se resolvía el fondo del litigio constitucional. “La jueza ha actuado al margen de lo establecido por un juez competente, desobedeciendo un mandato expreso”, sostuvo el ministro Siles en una entrevista transmitida por la cadena pública Bolivia TV. Desde el entorno de Evo Morales, la respuesta no se hizo esperar. Wilfredo Chávez, abogado del exmandatario, denunció una campaña de persecución política contra la jueza. “La doctora Moreno solo ha cumplido con su deber. No se puede permitir que sea hostigada por aplicar la ley. Lo que estamos viendo es una represalia inaceptable”, afirmó, apelando a la solidaridad ciudadana en defensa de la independencia judicial. El caso también ha cobrado una dimensión humana y emocional. En declaraciones al diario El Deber, Moreno manifestó encontrarse en un estado delicado de salud, agravado por las tensiones del proceso. Según explicó, atraviesa una recuperación postoperatoria que se ve comprometida por la presión mediática y judicial: “Este tipo de situaciones afectan mi salud y ralentizan mi recuperación”, expresó visiblemente afectada. La controversia revive el debate sobre la fragilidad del Estado de Derecho en Bolivia, donde los choques entre el poder político y el sistema judicial son recurrentes. La figura de Evo Morales, quien gobernó el país durante casi 14 años y ahora representa una facción disidente dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), continúa siendo un eje de polarización. A pocos meses de que se intensifique el ciclo preelectoral de cara a los comicios de 2025, el episodio deja en evidencia las fracturas internas del oficialismo y el uso del aparato judicial como campo de batalla política. La continuidad de este enfrentamiento podría repercutir en la credibilidad institucional del país y complicar aún más la estabilidad política boliviana.