Washington D.C. — Un tribunal federal en Estados Unidos bloqueó este lunes la decisión del gobierno del expresidente Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos venezolanos, brindando un respiro momentáneo a cerca de 350.000 personas que se enfrentaban a la incertidumbre migratoria. El dictamen fue emitido por el juez Edward Chen, del Tribunal de Distrito del Norte de California, como respuesta a una demanda interpuesta por organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, lideradas por la National TPS Alliance. La medida judicial suspende provisionalmente la cancelación del TPS anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional en febrero pasado, bajo el liderazgo de la secretaria Kristi Noem. El gobierno había fijado abril como el mes en que el programa expiraría oficialmente para los venezolanos amparados, decisión que ahora queda en pausa mientras continúa el proceso legal. Durante la audiencia celebrada este lunes, los representantes legales de los demandantes argumentaron que la eliminación del programa estaba viciada por sesgos discriminatorios y violaciones de procedimiento. Como evidencia, se presentaron declaraciones del expresidente Trump y de la secretaria Noem, en las que se asociaba a ciudadanos venezolanos con criminalidad organizada, en un tono que, según los abogados, “deshumaniza y estigmatiza” a toda una comunidad. En contraste, la defensa del Gobierno sostuvo que la terminación del TPS es una prerrogativa legal del Ejecutivo y responde a criterios de política migratoria interna. La Casa Blanca insistió en que su decisión refleja una reinterpretación de las condiciones en Venezuela y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. El TPS fue concedido a los venezolanos en 2021, durante la presidencia de Joe Biden, como respuesta a la prolongada crisis económica, política y humanitaria en Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro. El programa ha permitido a cientos de miles de migrantes vivir y trabajar legalmente en territorio estadounidense, representando para muchos una vía de supervivencia y dignidad fuera de un país colapsado institucionalmente. El intento de suprimir este estatus legal se enmarca dentro de una política migratoria más restrictiva promovida por Trump, quien en su nueva campaña presidencial ha reiterado su intención de endurecer el acceso a mecanismos de protección humanitaria, alegando que han sido utilizados de forma abusiva y que constituyen una carga para el sistema. Aunque el fallo del juez Chen no resuelve de forma definitiva la disputa, sí representa un revés significativo para la agenda migratoria del exmandatario y una señal de esperanza para las comunidades afectadas. “Este dictamen nos da una oportunidad de seguir luchando por nuestras familias y nuestros derechos”, señaló un portavoz de la National TPS Alliance tras conocer la decisión judicial. El destino final del TPS para los venezolanos ahora dependerá del desarrollo del litigio en curso y, posiblemente, de futuras decisiones políticas en un año electoral marcado por el debate migratorio. Mientras tanto, miles de familias podrán continuar con sus vidas sin el temor inmediato de la deportación, aunque con la conciencia de que la batalla legal está lejos de concluir.