Kilmar Armando Ábrego García, residente permanente legal en Estados Unidos desde 2019, fue deportado a El Salvador por agentes de inmigración, a pesar de contar con documentación en regla y un estatus migratorio que le permitía vivir y trabajar legalmente en el país. El caso, confirmado por fuentes oficiales, ha generado consternación entre defensores de derechos humanos y organizaciones comunitarias que denuncian fallos estructurales en el sistema migratorio estadounidense. Ábrego, casado con una ciudadana estadounidense y con domicilio en Maryland, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) bajo la sospecha de pertenecer a una organización criminal. Sin embargo, tras la revisión del expediente, se determinó que tal acusación carecía de sustento legal. A pesar de ello, el ciudadano salvadoreño ya había sido expulsado del país. Según declaraciones obtenidas por medios estadounidenses, las autoridades migratorias reconocieron que la deportación fue producto de un error administrativo. No obstante, insistieron en que, debido a la complejidad del proceso y la naturaleza irreversible de las órdenes ejecutadas, no pueden revertir la acción ni facilitar de forma expedita el regreso del afectado. Este tipo de incidentes no es inédito, pero el caso de Ábrego ha resonado con particular fuerza entre las comunidades hispanas. La percepción de que las estructuras migratorias fallan incluso en casos de residentes legales ha encendido el debate sobre la necesidad de revisar los protocolos de verificación, así como de fortalecer las garantías legales para quienes se encuentran en procesos migratorios complejos. Para la familia de Ábrego, el impacto ha sido devastador. Su esposa y demás allegados han iniciado gestiones legales en busca de una posible restitución, aunque los caminos legales son inciertos y suelen estar plagados de obstáculos burocráticos. Mientras tanto, él permanece en El Salvador, un país que dejó hace años, separado de su hogar y con su futuro en suspenso. Este episodio ha reavivado las críticas a la agencia migratoria y a un sistema que, según activistas, prioriza la ejecución de medidas punitivas por encima de la verificación rigurosa y el respeto a los derechos fundamentales. Diversas organizaciones han solicitado una investigación independiente del caso y piden al Congreso actuar para evitar que situaciones como esta se repitan. La deportación errónea de Ábrego plantea una interrogante inquietante: ¿cuántos otros casos podrían haber pasado desapercibidos? La respuesta podría revelar una problemática más amplia que va más allá de un error puntual y toca las fibras del debate sobre justicia, derechos humanos e integridad institucional en materia migratoria.