El panorama político francés ha recibido este lunes un impacto de gran magnitud tras la decisión del Tribunal Correccional de París de sentenciar a Marine Le Pen, figura central de la extrema derecha gala, a cuatro años de prisión, de los cuales dos deberán cumplirse bajo régimen de brazalete electrónico. Además, la dirigente ha sido inhabilitada para ocupar cargos públicos durante un período de cinco años, una sanción que compromete seriamente sus aspiraciones presidenciales de cara a los comicios de 2027. El fallo judicial se enmarca en un extenso proceso por malversación de fondos públicos, centrado en el uso indebido de recursos del Parlamento Europeo destinados a asistentes parlamentarios entre los años 2004 y 2016. Las autoridades judiciales determinaron que Le Pen, junto a otros miembros de su partido, Agrupación Nacional (RN), implementó un mecanismo sistemático para desviar dichos fondos hacia actividades vinculadas al aparato partidista en Francia. A lo largo del juicio, los magistrados señalaron que la tres veces candidata presidencial, derrotada en la segunda vuelta por Emmanuel Macron en 2017 y 2022, desempeñó un papel protagónico en la organización del esquema fraudulento. La sentencia, además de la pena de prisión y la inhabilitación, contempla una multa de dos millones de euros impuesta al partido RN, así como sanciones económicas adicionales a los acusados individuales. El pronunciamiento ha generado una cascada de reacciones tanto dentro como fuera de Francia. Jordan Bardella, presidente de RN y considerado el sucesor político de Le Pen, denunció lo que calificó como una “ejecución de la democracia francesa”, sugiriendo que la sentencia busca bloquear a su líder en el momento de mayor fortaleza electoral. Desde el otro extremo del espectro político, representantes de la izquierda como Manuel Bompard, coordinador de La Francia Insumisa, reafirmaron su compromiso de combatir el auge de la extrema derecha, más allá de los rostros que la encabecen. Desde el gobierno, la portavoz Prisca Thevenot apeló a la responsabilidad institucional y exhortó a Le Pen y su entorno a acatar las decisiones de la justicia, subrayando que “nadie está por encima de la ley, sin importar su posición o ambición política”. La condena representa no solo un hito judicial, sino también un potencial punto de inflexión en la política francesa. Marine Le Pen, que hasta ahora aparecía como una de las principales contendientes en las encuestas para la elección presidencial de 2027, se enfrenta a una barrera legal significativa para concretar su proyecto político. Aunque la defensa ha anunciado su intención de apelar, el veredicto ya comienza a reconfigurar el escenario electoral, abriendo interrogantes sobre el futuro liderazgo de la derecha radical en Francia y sus posibilidades de transformación institucional.