El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que restringe de forma significativa el derecho a la negociación colectiva en más de una treintena de organismos federales, amparándose en argumentos de seguridad nacional. La decisión ha provocado una fuerte reacción por parte de los principales sindicatos del país, que han denunciado la medida como un ataque a los derechos laborales y han anunciado que recurrirán a los tribunales. Según reporta Europa Press, la Casa Blanca justificó esta medida señalando que los “sindicatos federales hostiles” obstaculizan el funcionamiento de agencias clave, lo que constituiría un riesgo en áreas sensibles para la seguridad del país. La orden afecta a departamentos como Defensa, Seguridad Interior, Estado, Tesoro, la Agencia de Protección Ambiental y organismos vinculados a la producción de energía. El Ejecutivo considera que cualquier disrupción en estos entornos compromete la seguridad energética y, por tanto, la nacional. La medida incluye también a organismos como el Departamento de Asuntos de los Veteranos y la Fundación Científica Nacional, argumentando que su labor está directamente relacionada con el bienestar de militares heridos y con avances en tecnología de defensa e infraestructura crítica, respectivamente. Entre los afectados se encuentra incluso el sindicato de la Patrulla Fronteriza, que respaldó la candidatura de Trump en elecciones anteriores. Las organizaciones sindicales han respondido con dureza. Liz Shuler, presidenta de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), que representa a más de 12 millones de trabajadores, acusó al presidente de ejecutar una “venganza” contra los sindicatos que han denunciado en tribunales las políticas de su administración. “Esta orden despoja a los empleados de su derecho a organizarse y negociar condiciones laborales, justo cuando desempeñan funciones esenciales para la seguridad y el bienestar de todos los estadounidenses”, sostuvo. Por su parte, Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Trabajadores Públicos (AFGE), calificó la orden como “una amenaza a la democracia y a la libertad de expresión y asociación”. Subrayó que un tercio de los trabajadores afectados son veteranos de guerra y advirtió que el movimiento sindical no se dejará amedrentar. “Este es un intento flagrante de castigar políticamente a quienes se oponen a las políticas del presidente. Tomaremos acciones legales inmediatas”, concluyó. La medida, que se inscribe en una serie de decisiones ejecutivas impulsadas por Trump para reconfigurar la función pública federal, marca un nuevo episodio de confrontación entre la Casa Blanca y el movimiento sindical, y podría tener implicaciones duraderas sobre la estructura laboral del gobierno federal estadounidense.