El grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) denunció este viernes una serie de ataques por parte de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) dirigidos contra comunidades civiles en el este del país, en particular contra la minoría banyamulenge, de origen tutsi. Según el portavoz del grupo, Lawrence Kanyuka, estas acciones militares contradicen los recientes llamados regionales al cese de hostilidades y amenazan con torpedear cualquier avance hacia un proceso de paz duradero. Las declaraciones del M23 se producen apenas días después de la reunión entre el presidente congoleño Félix Tshisekedi y su homólogo ruandés, Paul Kagame, en la que ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de poner fin, de forma inmediata e incondicional, al conflicto armado que desangra el este de la RDC. No obstante, el grupo rebelde sostiene que, mientras se pronuncian compromisos diplomáticos, sobre el terreno persisten bombardeos y acciones militares coordinadas entre el ejército congoleño, milicias de autodefensa locales y combatientes de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), grupo armado hutu con vínculos históricos con el genocidio de 1994. De acuerdo con la denuncia, el 10 de marzo las fuerzas gubernamentales atacaron el aeropuerto de Minembwe, una región remota con una importante población tutsi, destruyendo la pista de aterrizaje e interrumpiendo el acceso a ayuda humanitaria para las comunidades aisladas. Asimismo, el grupo responsabiliza a Kinshasa de operaciones que habrían resultado en el saqueo de viviendas civiles, ataques indiscriminados con drones y artillería pesada, y el asesinato de jóvenes vinculados al grupo armado Twirwaneho, una milicia que dice defender los derechos de los banyamulenge. Estas acusaciones coinciden con el avance territorial del M23 en zonas estratégicas del este del país, incluido el reciente control de un enclave minero en la ciudad de Walikale. Este tipo de movimientos ha sido interpretado por el gobierno congoleño como una señal de apoyo directo de Ruanda al grupo rebelde, una imputación que Kigali rechaza de manera sistemática, contraatacando con sus propias denuncias sobre la marginación y violencia estatal hacia los tutsis congoleños. El conflicto en el este de la RDC tiene profundas raíces históricas y étnicas, y se ha visto exacerbado por la presencia de decenas de grupos armados, el control de recursos naturales y una frontera porosa con países vecinos. En este contexto, la población civil permanece atrapada entre las hostilidades, padeciendo desplazamientos masivos, pérdida de vidas y el deterioro constante de las condiciones humanitarias. Mientras los actores internacionales y regionales insisten en la urgencia de un alto el fuego efectivo, las acusaciones cruzadas entre las partes involucradas muestran que la desconfianza continúa dominando el panorama. La continuidad de estos enfrentamientos podría echar por tierra los esfuerzos diplomáticos recientes y prolongar un conflicto que, durante más de una década, ha cobrado cientos de miles de vidas y desplazado a millones de personas en una de las crisis humanitarias más persistentes del continente africano.