El Parlamento serbio ha oficializado este miércoles la disolución del Gobierno, culminando un proceso que se inició con la renuncia del primer ministro Milos Vucevic en enero pasado. Su dimisión, presentada en medio de un clima de creciente descontento social, estuvo motivada por la crisis política que se desató tras el colapso de una estación de tren en Novi Sad en noviembre de 2024, un incidente que cobró la vida de quince personas y generó protestas masivas en todo el país. La votación en la Asamblea Nacional se llevó a cabo sin la presencia de la oposición, cuyos representantes optaron por boicotear la sesión. Con el respaldo mayoritario de la coalición gobernante, el Ejecutivo continuará en funciones por un período de 30 días, tiempo en el cual deberá formarse un nuevo gabinete. De no lograrse un consenso en ese plazo, el país se encaminaría hacia elecciones parlamentarias anticipadas. El presidente serbio, Aleksandar Vucic, ha descartado categóricamente la propuesta de la oposición de establecer un gobierno de transición y ha sugerido que la nación podría volver a las urnas en junio, según reporta el diario local Danas. Su postura refuerza la estrategia del oficialismo de mantener el control político en un contexto de fuerte polarización social. Durante la sesión parlamentaria, la presidenta del órgano legislativo, Ana Brnabic, leyó formalmente la carta de renuncia de Vucevic y elogió su gestión, destacando su “compromiso con el país” y su “conducta honorable y valiente”. Sin embargo, la salida del primer ministro no ha logrado calmar las tensiones en Serbia. La ola de manifestaciones desatada tras la tragedia de Novi Sad continúa alimentando un clima de inestabilidad, con sectores de la sociedad exigiendo mayor transparencia y responsabilidades dentro del aparato estatal. El episodio que precipitó la dimisión de Vucevic fue un enfrentamiento ocurrido en una de las recientes protestas, cuando un grupo de manifestantes, congregados frente a la sede del gobernante Partido Progresista Serbio (SNS), fue agredido por individuos que salieron del edificio. Este hecho avivó aún más las críticas hacia la gestión del Ejecutivo y su respuesta a la crisis social. El derrumbe en la estación de tren de Novi Sad se ha convertido en un emblema del malestar ciudadano con la administración actual, a la que se le atribuye una falta de transparencia en la investigación del incidente y presuntos casos de corrupción. El pasado sábado, unas 107.000 personas, de acuerdo con cifras oficiales, se concentraron en Belgrado para rendir homenaje a las víctimas y exigir cambios estructurales en el gobierno. A medida que Serbia se encamina a una posible cita electoral, el escenario político permanece incierto. Mientras el oficialismo busca consolidar su poder, la oposición y la ciudadanía continúan presionando por reformas que respondan a las demandas de mayor apertura democrática y rendición de cuentas.