Desde el Despacho Oval, el presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva que obligará a los conductores de vehículos comerciales en Estados Unidos a demostrar dominio funcional del idioma inglés, alegando que la medida es esencial para preservar la seguridad en las carreteras del país. La decisión reaviva el debate sobre el uso del idioma en sectores laborales con alta representación de trabajadores inmigrantes y refleja la insistencia del mandatario en reforzar políticas lingüísticas como parte de su agenda nacionalista. El decreto, dirigido al Departamento de Transporte, establece la incorporación de una prueba formal de inglés como requisito para obtener o renovar licencias de conducción comercial. La medida se basa en una disposición ya existente dentro de la normativa federal, que exige que los conductores puedan leer y hablar inglés lo suficiente como para comprender señales de tráfico, interactuar con el público y responder a indicaciones oficiales. Sin embargo, el gobierno sostiene que esta norma no se ha aplicado de manera uniforme en los últimos años, lo que —según argumenta el nuevo documento— habría contribuido a una merma en la seguridad vial. Durante una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la medida como una “acción de sentido común”, afirmando que las barreras lingüísticas entre camioneros y agentes de autoridad han generado confusiones que pueden poner en riesgo vidas humanas. “Nuestros camioneros son fundamentales para el funcionamiento de la economía, y es crucial que puedan comunicarse eficazmente en inglés para operar con seguridad”, declaró. Además del requisito lingüístico, la orden contempla una auditoría sobre la emisión de licencias de conducción comercial a nivel estatal. El objetivo de esta revisión será detectar anomalías, patrones sospechosos o posibles irregularidades administrativas en el otorgamiento de permisos, y ajustar los protocolos de control cuando sea necesario. La decisión ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores conservadores aplauden el movimiento como una herramienta para recuperar estándares y promover la integración cultural, organizaciones del sector logístico y gremios de camioneros han expresado reservas. La Asociación Nacional de Camioneros, por ejemplo, negó que existan evidencias sólidas de que conductores extranjeros estén afectando la seguridad en las autopistas estadounidenses o desplazando mano de obra nacional. “El argumento de que hay un auge de camioneros inmigrantes sin competencia lingüística pone en duda la rigurosidad con la que se interpretan los datos del sistema federal de transporte. Existen múltiples factores que influyen en los incidentes viales, y reducir el problema a una cuestión de idioma resulta simplista y politizado”, señaló el organismo en un comunicado reciente. La firma de este decreto se inscribe dentro de una serie de medidas adoptadas en los últimos meses por la administración Trump para reforzar el uso del inglés como lengua oficial en trámites gubernamentales y documentos públicos. En marzo pasado, el presidente emitió otra orden reconociendo al inglés como el idioma nacional de forma explícita, una acción con fuerte carga simbólica que había sido previamente impulsada por sectores más conservadores del Partido Republicano. La implementación de estas políticas podría tener un impacto significativo en la fuerza laboral de la industria del transporte, donde una parte sustancial de los trabajadores proviene de comunidades inmigrantes. La exigencia de pruebas adicionales de idioma podría generar barreras burocráticas para quienes ya se encuentran legalmente habilitados para conducir, planteando interrogantes sobre cómo equilibrar los objetivos de seguridad con la inclusión y el respeto a la diversidad lingüística que caracteriza al país.