En declaraciones que han encendido el debate sobre la separación de poderes en Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, insinuó este martes que el Congreso podría considerar la eliminación de tribunales federales en respuesta a fallos judiciales desfavorables para el expresidente Donald Trump. Sus palabras, pronunciadas en un momento de alta tensión política, han sido interpretadas por diversos sectores como un posible intento de ejercer presión sobre el poder judicial y modificar el equilibrio institucional establecido por la Constitución. Johnson, legislador republicano por Luisiana y abogado de formación, afirmó que el Congreso posee autoridad para reestructurar los tribunales inferiores del país. "Tenemos el poder para eliminar un tribunal de distrito completo", expresó durante una rueda de prensa, subrayando que el Congreso no solo legisla sobre el financiamiento del sistema judicial, sino también sobre su configuración orgánica, conforme a lo dispuesto en el Artículo III de la Constitución. Si bien posteriormente aclaró que no se refería a una acción inmediata ni específica, su planteamiento fue interpretado por analistas como un gesto significativo hacia los sectores más conservadores del Partido Republicano, que han manifestado su inconformidad con recientes decisiones judiciales que han bloqueado iniciativas impulsadas por Trump, particularmente en el ámbito migratorio. Uno de los casos que ha generado mayor controversia es el del juez James Boasberg, cuyo fallo obstaculizó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para aplicar medidas de deportación a ciudadanos venezolanos. Algunos aliados del expresidente incluso han sugerido que ciertos magistrados deberían enfrentar procesos de destitución, lo que ha intensificado las preocupaciones sobre posibles intentos de interferencia política en el sistema judicial. Aunque el Congreso tiene, en efecto, competencias sobre la creación y financiación de tribunales federales de menor rango, cualquier propuesta para eliminarlos o reducir su alcance requeriría el respaldo bipartidista en el Senado. Con la actual distribución de escaños, se necesitaría el voto favorable de al menos siete senadores demócratas, algo que diversos analistas consideran improbable. La declaración de Johnson se produce en un contexto de creciente polarización institucional, en el que el rol de los tribunales como contrapeso del poder político ha sido puesto a prueba de forma reiterada. Si bien las tensiones entre el poder legislativo y el judicial no son nuevas en la historia estadounidense, la sugerencia de desmantelar instancias del sistema judicial federal representa un paso inusual, con implicaciones potencialmente profundas para la estabilidad democrática del país. Diversas voces del ámbito académico y jurídico han advertido que este tipo de declaraciones, aunque amparadas en facultades constitucionales, pueden sentar precedentes preocupantes si se utilizan como instrumento de represalia política. En una democracia constitucional, señalan, la independencia judicial es uno de los pilares fundamentales para la garantía de derechos y el control del poder. El debate en torno a la propuesta de Johnson no parece concluir aquí. Su comentario, aunque suavizado posteriormente, ha reavivado las discusiones sobre el papel de los tribunales en la vida política del país, el alcance del poder legislativo sobre ellos y el compromiso de los actores institucionales con el respeto al equilibrio entre los poderes del Estado. En este contexto, el episodio representa más que una controversia momentánea: es una señal de alerta sobre los desafíos contemporáneos que enfrenta el sistema democrático estadounidense.