MIAMI — La congresista republicana María Elvira Salazar alzó su voz este fin de semana en defensa de los beneficiarios del programa de parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciara su suspensión inmediata por orden de la administración de Donald Trump. A través de su cuenta en la red social X, la legisladora expresó una postura crítica hacia el manejo migratorio del gobierno anterior, pero también llamó a no penalizar a quienes, según afirmó, solo buscaron libertad y fueron atrapados en un limbo legal. “Trump está corrigiendo el desastre migratorio dejado por Biden”, escribió Salazar, en un mensaje que ha generado amplio eco entre comunidades de inmigrantes del sur de Florida. La congresista no escatimó en su diagnóstico: “No hay duda: el limbo legal que enfrentan hoy los cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses es consecuencia directa de las promesas vacías de la administración Biden”. A su juicio, quienes accedieron al programa de parole lo hicieron con la esperanza legítima de encontrar refugio y estabilidad, tras huir de contextos políticos y económicos extremadamente adversos. “Estas personas huyeron de regímenes comunistas fallidos con la esperanza de encontrar libertad y oportunidades en Estados Unidos, solo para ser traicionados por políticas incoherentes y mal manejadas”, continuó Salazar. En sus declaraciones, hizo un llamado directo al presidente Trump para que distinga entre el fracaso de las políticas anteriores y la necesidad de ofrecer protección a quienes ya han sido acogidos por el sistema. “La administración Trump debería reconocer esta realidad y no castigarlos por los errores de Biden. Démosles la oportunidad de acceder a las protecciones que se les prometieron”, concluyó. La orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero de 2025 estableció la eliminación progresiva del programa CHNV, con una ventana de 30 días para que los beneficiarios consigan otro estatus migratorio o abandonen el país. Esta decisión, justificada por el DHS bajo el argumento de reforzar la seguridad fronteriza, ha sido recibida con inquietud por defensores de derechos migratorios y organizaciones comunitarias, que advierten sobre el riesgo de deportaciones masivas y el impacto humano de la medida. Aunque Salazar ha sido una firme aliada del expresidente en materia de seguridad nacional, su intervención actual revela una sensibilidad particular hacia las comunidades del exilio latinoamericano que se verían afectadas por la terminación del parole. Su postura sugiere que dentro del propio espectro republicano existen matices respecto al tratamiento que deben recibir aquellos que ya se encuentran bajo protección temporal, especialmente en estados como Florida, donde estos grupos constituyen una parte significativa del electorado. Mientras el gobierno de Trump insiste en que los programas de parole no cumplieron con sus objetivos y solo incrementaron la presión sobre los sistemas migratorios y de servicios sociales, la discusión sobre qué hacer con los miles de migrantes ahora en incertidumbre sigue abierta. La presión política aumenta, y la forma en que se resuelva este dilema podría tener consecuencias tanto humanitarias como electorales.