Las autoridades migratorias estadounidenses intensificaron esta semana su ofensiva contra la inmigración irregular, con operativos simultáneos que resultaron en la detención de más de 90 personas en distintos puntos del país. En Miami, más de una decena de individuos fueron arrestados dentro de las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), mientras que en Kentucky, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ejecutó una operación más amplia que culminó con la captura de 81 personas. En el caso de Miami, los detenidos acudieron a citas programadas en la sede de USCIS, sin saber que agentes migratorios los esperaban con órdenes de arresto. Según trascendió, todos tenían pendientes procesos de deportación, permanecían en el país con visados vencidos o habían ingresado sin pasar por los controles fronterizos. Esta estrategia ha sido objeto de debate, ya que algunos defensores de los derechos de los migrantes la consideran una trampa que desincentiva la cooperación con las autoridades migratorias. En Kentucky, la operación se centró en individuos con antecedentes penales graves. ICE informó que los arrestados enfrentan cargos previos por delitos como violencia doméstica, posesión ilegal de armas, tráfico de drogas y abuso infantil. Las autoridades señalaron que algunos de los implicados portaban armas de fuego alteradas con capacidad de disparo automático, lo que eleva el nivel de amenaza que representan, según las agencias federales. Los detenidos en ambos operativos provienen de una diversidad de países, entre ellos México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, India y Palau. Esta amplitud de nacionalidades refleja el carácter global de los flujos migratorios que llegan a Estados Unidos, así como la complejidad de las políticas migratorias en un entorno marcado por la polarización política y los desafíos de seguridad interna. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han reiterado que el objetivo de estos operativos es proteger a las comunidades locales y hacer cumplir las leyes migratorias vigentes. “Nuestro compromiso es garantizar que quienes representan una amenaza para la seguridad pública sean retirados del país de manera expedita”, señaló un vocero de ICE, en declaraciones recogidas por medios estadounidenses. No obstante, organizaciones de derechos humanos y activistas migratorios han expresado preocupación por el uso de estrategias que consideran agresivas y por el impacto psicológico que estas detenciones pueden tener en las comunidades migrantes, especialmente cuando ocurren en entornos considerados seguros como oficinas gubernamentales. Este aumento en las acciones de control migratorio se produce en un contexto de crecientes tensiones políticas en torno a la frontera sur y la gestión de los flujos migratorios. Con la proximidad de nuevos ciclos electorales, el tema migratorio vuelve a posicionarse en el centro del debate nacional, y es previsible que estas operaciones se repitan o incluso se amplíen en los próximos meses.