WASHINGTON, D.C. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que establece el primer programa federal de autodeportación, bajo el nombre de “Proyecto Regreso a Casa”, una iniciativa que ofrece vuelos gratuitos y un bono de $1.000 a inmigrantes en situación irregular que opten por salir voluntariamente del país. Sin embargo, quienes no se acojan al plan enfrentarán medidas drásticas, incluyendo confiscación de sueldos, bienes, vehículos, y posibles penas de prisión, según reportes oficiales. La administración Trump justifica esta política como una estrategia para reducir el impacto económico atribuido a la migración irregular, que según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), superó los 150.000 millones de dólares en el año fiscal 2023. “Vamos a ahorrar miles de millones a los contribuyentes estadounidenses. Este es un acto de justicia y soberanía”, expresó Trump al anunciar el programa. Incentivos y amenazas Los inmigrantes indocumentados podrán utilizar la aplicación CBP Home para registrarse en el programa y coordinar su salida hacia su país de origen o hacia otro destino donde tengan estatus legal. Aquellos que colaboren voluntariamente no serán sancionados y conservarán la posibilidad de solicitar una futura reentrada legal a EE.UU. Sin embargo, Trump fue tajante con los que opten por quedarse: “Serán expulsados de manera repentina, enfrentarán multas diarias de hasta $998, y su patrimonio —incluidas viviendas, cuentas bancarias y salarios— podrá ser embargado por el gobierno federal”. Refuerzo del aparato migratorio La orden ejecutiva también triplica el número de agentes migratorios, pasando de 7.000 a 20.000 efectivos, y ordena la instalación de puntos de consejería migratoria en aeropuertos, destinados a guiar el proceso de salida de forma “ordenada y sin confrontación”. Al frente de esta operación estarán el secretario de Estado Marco Rubio y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, quienes liderarán una campaña nacional de información dirigida a los inmigrantes irregulares. Reacciones y preocupaciones Aunque más de 5.000 inmigrantes ya se han registrado para autodeportarse según datos del DHS, organizaciones de derechos humanos han manifestado su alarma ante lo que consideran una política de coerción y criminalización de la pobreza migrante. Asimismo, abogados de inmigración han advertido que las decisiones de salida voluntaria deben tomarse con asesoría legal, pues podrían afectar cualquier intento futuro de regularizar el estatus migratorio. “Se trata de una forma encubierta de intimidación masiva, que coloca a millones en riesgo de perder no solo su residencia, sino también sus bienes personales sin debido proceso”, señaló en un comunicado la organización Human Rights First. El gobierno, por su parte, defiende la medida como una “salida digna” frente a una supuesta “invasión ilegal” que, según Trump, ha contribuido al aumento de la criminalidad y la presión sobre los servicios públicos. Una cifra incierta, una política decidida Se estima que entre 11 y 14 millones de inmigrantes indocumentados residen actualmente en Estados Unidos, muchos de ellos provenientes de países de América Latina como México, Guatemala, Venezuela y Honduras. Esta nueva fase de la política migratoria de Trump representa una escalada en la estrategia de presión, que combina incentivos limitados con represalias económicas y legales severas. Aunque el proyecto apenas comienza, el debate en torno a su legalidad, viabilidad y consecuencias humanitarias ya está encendido. #InmigraciónEEUU #Autodeportación #Trump2025 #DerechosMigrantes #ProyectoRegresoACasa #MarcoRubio #KristiNoem #ICE